lente del reportero gráfico Aneudy Tavárez captó el momento en que varias familias haitianas comparten de manera amena en el interior de un albergue que usan como vivienda. Se trata del Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi), de la calle José Martí, en el sector El Hatico, en La Vega.
Con una construcción avanzada en más de un 90 por ciento, la obra está en aparente estado de abandono. La maleza cubre gran parte de la edificación que se encuentra a nivel de pintura de base desde hace ya varios años.
La situación de este centro no es particular, se extiende a cientos de ellos, aunque en niveles distintos de construcción.
38,656
Niños y niñas de 0 a 5 años reciben atención en los centros Caipi que opera el Inaipi. La meta inicial eran asistir a toda la población en esa edad y en condiciones vulnerables.
Ideados para proteger a los niños y niñas de 0 a 5 años de edad, los Caipi no logran avanzar en el propósito de dar cobertura a la mayoría de la población infantil dominicana. Detenidos en procesos burocráticos, falta de pagos a contratistas, dificultades en la propiedad de los terrenos donde serían levantados o constructores que, con presupuesto asignado, no honran sus compromisos, esos centros se han quedado en menos de un 30 % de la meta planteada hace ya casi diez años. Su demora obliga al Estado dominicano a una erogación de recursos adicionales que puede superar el 30 % del monto contratado originalmente, y deja sin atención a miles de niños que demandan sus servicios.
«En el presente año construiremos 100 nuevas estancias infantiles y habilitaremos 100 centros comunitarios y sus redes familiares. Y al concluir el actual periodo de gobierno, contaremos con 330 estancias infantiles y 1,100 centros comunitarios y sus redes familiares en que atenderán a 426,000 familias y 528,000 niños menores de 5 años».
205
Centros Caipi están en operación en la actualidad en el país. La disponibilidad de centros, sin embargo, no resiste la demanda. Se necesitarían otros 332.
La cita corresponde al primer discurso de rendición de cuentas del expresidente Danilo Medina en febrero de 2013 (sí), cuando recién se estrenaba el presupuesto del 4 % del producto interno bruto (PIB) que se empezó a destinar ese año a la educación preuniversitaria dominicana y que supuso un incremento en el presupuesto del Ministerio de Educación.
Diez años y dos meses después, el número de estancias infantiles construidas no llega a 100, y la cantidad de niños y niñas que en ellas reciben sus servicios solo alcanzan los 38,656.
Pese a que muchas de esas obras se encuentran en niveles de avance que superan el 50 %, otras todavía están en la fase de planificación y en los lugares donde serían levantadas, la maleza, pensiones y hasta vertederos se han improvisado. A otras les falta, incluso, el solar en donde serían levantadas.
Esa situación se da pese a que Medina gobernó siete años y seis meses desde aquel discurso, y de que ya se suman dos años y ocho meses de la gestión del presidente Luis Abinader, en la que se cuentan solo once centros inaugurados, incluido uno entregado el pasado domingo.
Miles esperan por un espacio
Mientras los Caipi siguen detenidos, el Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia (Inaipi) debe dejar de atender a cientos de miles de niños y niñas a los que está llamado a asistir.
«Actualmente contamos con una lista de espera de aproximadamente 11,000, a través de solicitudes de servicios en línea y, en cada centro, tenemos entre 400 a 1,000 solicitudes en lista de espera para un total de, aproximadamente, 124,000 solicitudes en lista de espera», informa la entidad a solicitud de este diario.
Agrega que, independiente a esas listas de espera existe una población identificada a través del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) a la cual están llamados a dar respuesta y que se calcula en base a las estadísticas de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE). «Para el 2021 se identificaron 766,347 niños y niñas de 0 a 5 años que no recibían servicios», dice.
El Inaipi está llamado a ofrecer atención y cuidado, incluyendo servicios de salud y nutrición, estimulación temprana y educación inicial, a niños y niñas en situaciones de vulnerabilidad extrema como abandono, negligencia en el cuidado, que estén a cargo de menores o adolescentes, de personas con enfermedad crónica o que sus padres, madres y tutores estén en situación de adicción.
También para aquellos infantes cuyos padres o tutores tengan trabajo a tiempo completo, y cuyo salario esté por debajo del mínimo.Para atenderlos a todos, el Inaipi cuenta con 205 Caipi, pero estima que necesitará más de 300 nuevos centros adicionales. «Para este año tenemos un plan de ampliación con unos 164 nuevos centros Caipi con los que pretendemos responder a gran parte de nuestra demanda. Para cubrir con la demanda detallada anteriormente se necesitan aproximadamente 332 centros adicionales a la proyección 2023», dice el documento enviado a Diario Libre.
La mayoría sin construir
Informes oficiales muestran que la construcción de la mayoría de los 251 Caipi licitados mediante procesos de sorteos de obras que datan de entre 2012 y 2014 está detenida o no han iniciado siguiera los trabajos.
Un informe de seguimiento sobre el avance de la construcción de esos centros que hace la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia de la República (Propeep), actualizado al mes de marzo de este 2023, indica que, del total sorteado, 88 centros fueron inaugurados, de 120 inició la construcción y de 43 no inician los trabajos.
No obstante, de los 120 cuya construcción ya inició, hay 106 que tienen los trabajos paralizados por falta de pago de las cubicaciones, en muchos de los casos.
Actualizado el reporte con los datos que maneja la Dirección de Edificaciones Escolares del Ministerio de Educación (Minerd), entidad que tiene a su cargo la construcción de esos centros, el renglón de los Caipi terminados se suman otros 11 del gobierno actual, para un total de 99.
Dicho ministerio tiene activas, además, la construcción de otras 33 estancias para las que, como en las ya terminadas, tuvo que agotar un proceso de renegociación de los contratos originales para poder ajustar sus montos a los precios de mercado actuales de los materiales de construcción, según explicó a este medio el director de Edificaciones, Fernando Taveras.
Diez de las 11 obras inauguradas requirieron un monto de terminación de 99.7 millones de pesos, un 30.3 % adicional de a los 328.2 millones del presupuesto original de contratación, conforme datos que aporta el Minerd.
En el caso de las activas, la terminación de esos 33 centros demanda una partida de 194.6 millones, un 18 % más que los RD$ 1,083,256,167.41 que abarcaba el presupuesto original.
Según el balance que muestra el ministerio, hay detenidos otros 80 centros en distintos niveles de avance de los trabajos. Éstos tienen un presupuesto de contratación de 2,626 millones de pesos, de los que ya se hizo avance de inicial de RD$525.2 millones.
También hay otras 32 estancias en las que no han iniciado los trabajos debido a que no tienen siquiera el terreno asignado para la construcción, pese a que en algunas de ellas se ha evidenciado que los contratistas tienen ya un avance del presupuesto.
Al explicar las razones del poco avance en la ejecución de esas obras, Taveras hace referencia a los «nudos» que tuvieron que desatar para poder continuarlas. El primero que cita es el legal.
«Todas esas obras violentaban la Ley 340-06 (de Contrataciones Públicas) y por eso se creó la Ley 118-21 para que fueran objeto de un presupuesto reformulado o actualizado»Fernando Taveras,director de Edificaciones del Minerd“
Taveras se refiere a la legislación que se aprobó en el Congreso Nacional en mayo de 2021 con el objetivo de «permitir y garantizar que las obras de construcción de escuelas, hospitales y obras viales que se encuentran suspendidas por falta de partidas presupuestarias que permitan la cubicación, con carácter transitorio, debido a que las mismas superan el veinticinco por ciento del monto inicial contratado o aquellas que no han iniciado, puedan ser concluidas por el ente contratante previo informe del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)».
La ley permite que esas entidades puedan modificar, sea para disminuir o aumentar, el contrato original de las obras cuando se presenten situaciones «que fueron imprevisibles en el momento de iniciarse el proceso de contratación».
A la fecha, el Minerd ha completa la adecuación y reformulación de presupuesto de las más de 40 estancias en las que actualmente trabajan.
