Con la decisión de anular la sentencia que descargó al exministro de Defensa Pedro Rafael Peña Antonio, y a dos más implicados en el pago de sobornos por 3.5 millones de dólares en la compra de ocho aviones Super Tucano, y ordenar un nuevo juicio, la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dio un giro de 360 grados a este caso.
Fue a finales del año 2013 que se informó que Estados Unidos y Brasil habían abierto una investigación sobre un alegado pago de sobornos en la venta en 2010, a través de un préstamo por 93,697,887 millones de dólares, de ocho aviones Super Tucano de la empresa Embraer a RD.
En ese momento, según diarios estadounidenses, las autoridades de Estados Unidos afirmaron que existían registros bancarios que mostraban que los ejecutivos de Embraer aprobaron el pago de un soborno de 3 millones 400 mil dólares «a un funcionario dominicano con influencia sobre las compras militares».
Embraer es una empresa privada desde 1994 pero está relacionada con el Estado brasileño a través de una «acción de oro» (1 % del capital) nominal. Mientras que también cotiza en la Bolsa de Nueva York.
En ese entonces se señaló al ahora excoronel Carlos Piccini Núñez, quien en 2009 se desempeñaba como director de proyectos especiales de las Fuerza Aérea Dominicana.
Caso «explota» en RD
Para marzo de 2016 el consultor de Embraer, Elio Moti Sonnenfeld, admitió a fiscales de Estados Unidos el pago de unos 3.5 millones de dólares en sobornos para amañar la licitación de la compra de los aviones, de acuerdo al The Wall Street Journal.
El entonces procurador Francisco Domínguez Brito ordenó la investigación del caso, pero no fue hasta septiembre de 2017, bajo la administración del exprodurador Jean Alain Rodríguez, que se presentó la acusación formal en contra de Piccini Núñez, el exministro de las Fuerzas Armadas, Rafael Peña Antonio; los empresarios Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández; Ysrael Abreu Rosario y Félix del Orbe Berroa, señalando a las empresas Magycorp, S.R.L. y 4D Business Group.
De los acusados solo Piccini fue a prisión preventiva, variada tres años después a presentación periódica y pago de una fianza de un millón de pesos. Durante la investigación fue interrogado el exsenador Luis René Canaán Rojas, pero no fue incluido en el expediente acusatorio.
