Tribunal de La Vega sorprende y declara extinción de la acción penal en el caso Micky López
El Primer Tribunal Colegiado de La Vega declaró la extinción de la acción penal en el caso de Miguel Arturo López Florencio, conocido como Micky López, quien estaba acusado por el Ministerio Público de encabezar una red de lavado de activos, con actividades provenientes del narcotráfico.
Inmediatamente después de la decisión, la fiscal de La Vega, Aura Luz García, calificó el dictamen del tribunal, encabezado por la magistrada Lucrecia Rodríguez, como “la crónica de una muerte anunciada” y anunció que procederá a apelar la decisión dentro de los plazos legales establecidos.
Un aspecto curioso del caso es que, por los mismos hechos, la esposa de Micky López, la exdiputada Rosa Amalia Pilarte López, ya fue condenada a cinco años de prisión en jurisdicción privilegiada. Ella fue hallada culpable del delito de lavado de activos en perjuicio del Estado dominicano, aunque apeló la decisión.
La decisión de declarar la extinción de la acción penal a favor de Micky López se basa en que había transcurrido el plazo de cuatro años establecido por el Artículo 148 del Código Procesal Penal.
El caso fue sometido por el Ministerio Público en 2020, y el primero de diciembre de 2023, fue enviado a juicio de fondo por la jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción de La Vega, la magistrada Sindy Lizardo, tras varios reenvíos.
La red liderada por Micky López está acusada de movilizar 2 billones 539 millones de pesos en el sistema financiero nacional, según la primera investigación realizada por la fiscalía de La Vega y la Procuraduría Especializada contra Lavado de Activos.
Sin embargo, una investigación más profunda de la Procuraduría General de la República reveló que el monto total asciende a 4 billones 418 millones 339 mil 312 pesos con 92 centavos (RD$4,418,399,312.92).
JUEGO DE ESTRATEGIAS
La defensa de Micky López ha utilizado tácticas dilatorias, como reenvíos y aplazamientos, lo que generó que, en algunos momentos, no existiera tribunal disponible para conocer el caso.
Al parecer, el Primer Tribunal Colegiado sólo tomó en cuenta el tiempo sin establecer las circunstancias particulares para la dirección del proceso.
La fiscal Aura Luz García solicitó al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, que el caso fuera transferido a otra jurisdicción fuera de La Vega, argumentando que no existían las condiciones para un juicio transparente.
El Ministerio Público de La Vega ha enfrentado numerosas dificultades en su esfuerzo por llevar adelante la acusación, incluyendo reenvíos, decisiones desfavorables y pedidos de declinatoria para que el caso fuera conocido en una jurisdicción distinta.
A pesar de estos obstáculos, la fiscal García insistió en que apelarán la decisión.
El 3 de mayo de 2021, el juez José Martín De la Mota Contín, del Segundo Juzgado de la Instrucción de La Vega, ya había declarado la extinción de la acción penal en relación con varias entidades comerciales vinculadas al caso, representadas por Micky López y José Miguel López Pilarte. Este fallo fue apelado y la posición original fue restablecida.
En junio de 2021, el Ministerio Público solicitó a la Suprema Corte de Justicia una declinatoria del caso, argumentando que no se garantizaba la seguridad jurídica en La Vega y pidiendo que fuera conocido en otra jurisdicción.
